El acceso a la vivienda en Alicante atraviesa uno de sus momentos más complicados de los últimos años. El informe de coyuntura del primer trimestre de 2026 elaborado por el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) sitúa el encarecimiento del suelo urbano como uno de los factores centrales de esta presión: el precio ha subido un 30,1% respecto al mismo periodo del año anterior, una cifra que contrasta con la evolución de los salarios y con la caída registrada tanto en las compraventas como en el número de viviendas terminadas.
El dato no es un fenómeno aislado. Se inscribe en una tendencia que lleva varios trimestres tensionando el mercado residencial de la provincia, donde la demanda sigue siendo elevada, el parque de obra nueva no crece al ritmo necesario y los ingresos de los trabajadores alicantinos continúan por debajo de la media nacional. El resultado es una brecha creciente entre lo que cuesta acceder a una vivienda y lo que permite la economía de muchas familias.
Qué dice el informe de Ineca sobre el suelo
El informe de Ineca correspondiente al primer trimestre de 2026 identifica el precio del suelo urbano como el principal motor del encarecimiento residencial en la provincia. Un aumento del 30,1% en términos interanuales supone una presión directa sobre los promotores, que trasladan ese coste al precio final de las viviendas, y sobre los compradores, que ven reducida su capacidad de acceso.
El suelo es el punto de partida de cualquier promoción residencial. Cuando su precio se dispara, el margen para construir vivienda asequible se estrecha considerablemente, y la obra nueva tiende a orientarse hacia segmentos de mayor poder adquisitivo o hacia el mercado de segunda residencia, especialmente relevante en una provincia como Alicante.
Menos compraventas y menos viviendas terminadas
El informe también recoge una caída en el número de compraventas de vivienda durante el primer trimestre del año. Esta reducción puede interpretarse como una señal de que una parte de la demanda potencial está quedando fuera del mercado, bien por los precios, bien por las condiciones de financiación, bien por la combinación de ambos factores.
A esto se suma una menor producción de vivienda terminada. Cuando el ritmo de finalización de nuevas promociones desciende, la oferta disponible se contrae y la presión sobre los precios del mercado de segunda mano aumenta. En una provincia con una demanda sostenida tanto de residentes como de compradores foráneos, este desequilibrio entre oferta y demanda tiene consecuencias directas sobre la asequibilidad.
Salarios por debajo de la media nacional: el factor que agrava todo
Uno de los elementos más relevantes del diagnóstico de Ineca es la brecha salarial. Los trabajadores de la provincia de Alicante perciben salarios que se sitúan por debajo de la media nacional, lo que limita su capacidad de endeudamiento y reduce el acceso a la financiación hipotecaria en condiciones razonables.
Esta combinación, suelo más caro, menos vivienda disponible y salarios más bajos, configura un escenario de dificultad estructural para muchos alicantinos que buscan su primera vivienda o que necesitan cambiar de residencia. El problema no afecta únicamente a los estratos de menor renta: la presión alcanza también a familias de renta media que, en otras circunstancias, habrían podido acceder al mercado sin dificultades.
El contexto provincial: turismo, segunda residencia y presión sobre el parque residencial
Alicante es una de las provincias españolas con mayor atractivo para la segunda residencia y para compradores internacionales. Esta demanda adicional compite directamente con la demanda local de vivienda habitual, y contribuye a sostener los precios incluso cuando la demanda interna flaquea.
El auge del alquiler turístico también forma parte de este ecosistema. La transformación de viviendas residenciales en alojamientos de uso turístico reduce el parque disponible para el alquiler de larga duración, lo que empuja al alza los precios del arrendamiento y dificulta aún más el acceso para quienes no pueden o no quieren comprar. En este sentido, el debate sobre la depuración del registro de viviendas turísticas en la Comunitat Valenciana cobra especial relevancia, ya que afecta directamente a la oferta residencial disponible en municipios con alta presión turística.
La situación no es exclusiva de la capital. En municipios del interior y de la costa, la tensión entre usos residenciales y turísticos también genera conflictos sobre el modelo de desarrollo. El caso de las viviendas turísticas ilegales en Alcoy ilustra cómo esta problemática se extiende más allá de los núcleos costeros más conocidos.
Qué pueden tener en cuenta los compradores y arrendatarios en Alicante
Para quienes están buscando vivienda en la provincia, el informe de Ineca ofrece una fotografía útil del momento del mercado. Algunos aspectos prácticos a considerar:
- El precio del suelo seguirá condicionando el coste de la obra nueva en los próximos trimestres, salvo que se produzcan cambios significativos en la oferta de suelo urbanizable.
- El mercado de segunda mano puede ofrecer alternativas en zonas donde la presión es menor, aunque los precios también han subido de forma generalizada.
- Las ayudas públicas al acceso a la vivienda, tanto autonómicas como estatales, pueden ser una vía complementaria para quienes cumplen los requisitos de renta y situación familiar.
- En el mercado del alquiler, la oferta disponible en la capital y en municipios costeros sigue siendo limitada, lo que mantiene los precios elevados.
Un problema que requiere respuesta estructural
El informe de Ineca no solo describe una coyuntura puntual: refleja tensiones de fondo que no se resuelven a corto plazo. El encarecimiento del suelo, la insuficiente producción de vivienda asequible y la brecha salarial son factores que requieren políticas sostenidas en el tiempo, tanto en materia de urbanismo y suelo como de apoyo a la renta de los trabajadores.
Para Alicante, una ciudad que aspira a consolidar su atractivo económico y turístico, garantizar que sus residentes puedan acceder a una vivienda digna es también una condición para su desarrollo equilibrado. Los datos del primer trimestre de 2026 sitúan este desafío en el centro del debate local.
